Ley General de Víctimas: oportunidad para los niñ@s en Zacatecas y toda la República

Ley General de Víctimas: oportunidad para los niñ@s

en Zacatecas y toda la República

Luis Alberto Barquera

 

La Ley General de Víctimas “obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.” (art.1). Para lograr esto establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, para investigar y resarcir los daños causados a las víctimas de delito o violaciones de derechos humanos, incluidos niños, niñas y adolescentes. Se trata de que el Estado haga efectivo su derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

La ley prevé la creación de un registro nacional de víctimas y un fondo permanente de ayuda, asistencia y reparación integral, cuya operación dependerá de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a su vez formará parte del Sistema Nacional de Víctimas y contará con presencia de organizaciones de la sociedad civil. Aquí presentamos algunos ordenamientos vinculados directamente con la infancia que vale la pena destacar:

Por ejemplo señala que si las víctimas son niños éstos tienen derecho a que las políticas públicas implementadas con base en este ordenamiento “tengan un enfoque transversal de género y diferencial” (art. 7) y a que se considere su condición de niña, niño o adolescente (art. 15), así como a recibir garantías especiales y medidas de protección, en tanto grupo expuesto a un mayor riesgo de violación de sus derechos, y a que en todo momento se reconozca su interés superior (art. 4).

Al DIF corresponde “la atención y protección jurídica de los menores víctimas de cualquier delito o violación de derechos humanos” (art. 121) y brindar alojamiento y alimentación en condiciones de dignidad a las víctimas, en especial a las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad “durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.” (art. 44).

En materia de salud, se anota que “la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia”, particularmente tratándose de niños o niñas (art. 32) y que todas las instituciones hospitalarias “tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica, nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.” (art 33).

En cuanto a la educación el Estado, “está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria" (art. 56), lo que implica, por ejemplo, “el derecho de recibir becas completas de estudio como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran.” (art.57).

En el art. 91 señala que los diagnósticos que produzca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberán ser situacionales y focalizados a territorios o grupos de niños víctimas de “delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o en determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, detención arbitraria, entre otros”.

La ley también señala que “cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Sistema, aportando con ello los elementos que tenga (…). Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al sistema por sí misma o a través de sus representantes. En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo 101.” (art. 112).

En atención al abuso que se ha hecho de las medidas de justicia alternativa en favor de la impunidad, por ejemplo en delitos sexuales, la ley establece que las víctimas pueden hacer uso de la conciliación y la mediación, pero que ésta será supervisada y “se sancionará a los servidores públicos que orillen a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.” (art. 20).

La nueva legislación alentará la demanda e imprimirá una enorme presión a las instituciones. Recordemos que entre 2005 y 2010 sólo han sido sentenciados en Zacatecas por violencia familiar 17 personas y por abuso sexual 34 (INEGI) y que sólo una de las 79 quejas presentadas ante la CEDH entre 2010 y 2011 ha dado lugar a una recomendación.

Garanticemos derechos para mejorar, por el bien de todos, aquí en Zacatecas y en toda la república. La Ley de Víctimas nos obliga y nos da esa oportunidad.