¿Por qué es insuficiente la nueva legislación de infancia?

¿Por qué es insuficiente la nueva legislación de infancia?

Luis Alberto Barquera

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CN), en sus observaciones al III Informe de México sobre Niñez (2006), señala que “está profundamente preocupado por las denuncias de casos de tortura y tratos crueles y degradantes, en particular contra los niños de la calle, niños migrantes, grupos de jóvenes y grupos de niños marginados, y niños víctimas de explotación sexual y económica.” Asimismo expresa su preocupación porque “la mayor parte de los casos no se denuncien ni enjuicien debido a la falta de instancias y procedimientos apropiados para presentar y tramitar las denuncias de tortura y tratos crueles y degradantes contra los niños”.

Este Comité, por tanto, instó al Estado mexicano a que:

“a) Adopte medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia institucional, especialmente la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes;

“b) Refuerce sus mecanismos judiciales para tramitar eficazmente las denuncias de brutalidad policial, malos tratos y abuso de menores;

“c) Investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad;

“d) Asegure que los niños víctimas de esas prácticas reciban servicios adecuados para su tratamiento, recuperación y reintegración social;

e) Prosiga la capacitación de profesionales que trabajan con niños “para que puedan identificar, denunciar y gestionar los casos de tortura y otros castigos o tratos inhumanos o degradantes.”

Las anteriores son recomendaciones puntuales, que tendrían que dar lugar a políticas públicas efectivas, pero que no se reflejan en la nueva versión del proyecto de Ley General de Protección Integral de la Niñez. Entonces, ¿qué va a aprobar al pleno de la Cámara de Diputados?

El artículo 65 enuncia: “La niñez tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, que favorezca su pleno desarrollo y bienestar y a no ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.” No se responsabiliza a las autoridades de seguridad pública o de procuración de justicia de garantizar este derecho, pero sí a los padres de familia (art. 66) y al personal educativo o similar (art 67).

¿Adecuado frente al problema? Insuficiente

El proyecto de ley no consideró al CN, pero tampoco al Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2008) (SPT), también de la ONU, a cargo del señor Víctor Rodríguez Rescia.

En lo relativo a niñez y adolescencia este informe documenta que la garantía del debido proceso legal se aplica de manera restrictiva. Lo mismo ocurre respecto a la manera en que se valora la prueba en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. La delegación identificó niños en separos del ministerio público, a quienes se les fabricaron pruebas médicas para aumentarles hasta tres años de edad, con la finalidad de superar el límite de los 18 años no cumplidos y así poder mantenerlos en la cárcel con adultos, con el grave riesgo que esto implica. Encontró menores de edad que no podían comunicarse con sus familiares porque “no se pueden hacer llamadas a teléfonos celulares”. Una adolescente sufrió un aborto natural y no recibió atención médica. Los autores de tortura y malos tratos gozan de impunidad generalizada. No existen peritos independientes en investigación y documentación de la tortura; los peritos oficiales son juez y parte.

El informe señala al Centro de Internamiento de Adaptación para Adolescentes Infractores de Monterrey como ejemplo de mala práctica, “antítesis” de lo que pretende la reforma constitucional en la materia. Fue ahí donde los miembros de la delegación se quedaron más negativamente impresionados. Concluyeron que «sólo pueden calificar el trato que los menores recibían en dicho centro como cruel, inhumano o degradante” y pidieron su reestructuración total o clausura definitiva.

Frente a este panorama escalofriante las recomendaciones del SPT al Estado mexicano se resumen en una sola: aumentar los esfuerzos “que garanticen una efectiva implementación de los instrumentos internacionales de los que el Estado es parte en materia de niñez y adolescencia”.

El derecho se enuncia en el artículo 65; faltan directrices que orienten la implementación efectiva. Evidentemente necesitamos una mayor decisión de cambo institucional para garantizar los derechos de la niñez, y el México con paz que queremos, que la expresada en el proyecto de ley en cuestión, así como en el proyecto de decreto que reforma La Ley de Asistencia Social que votará el pleno. La asistencia resuelve sólo una parte.

Consultemos a los expertos. Señor Víctor Rodríguez Rescia: ¿la propuesta de la Cámara de Diputados responde adecuadamente al reporte del SPT? Hay que preguntar lo mismo a los candidatos a la presidencia de la república. El nuevo gobierno tendrá que rendir cuentas a instancias de la ONU y, sin duda, sería tema la legislación de infancia que se pretende aprobar.